jueves, 3 de junio de 2010

Las integrantes del Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las mujeres

REPUDIAMOS LA VIOLENCIA que el Estado venezolano, -a través de sus representantes Policía de Caracas y el Fiscal 35 de Caracas, abogado Regino Antonio Cova Rojas, C.I. 10.195.140, el día 25 de mayo de 2010-, ejerciera contra las mujeres trabajadoras de la Maternidad Concepción Palacios, especialmente contra:


- Laura Vaamonde, Secretaria de Finanzas del Sindicato de Trabajadores de Hospitales y Clínicas del Distrito Federal.
- Luisa Romero, Dirigente Sindical y Supervisora de Enfermeras.
- Lauribis Hernández, Supervisora de Atención al Paciente y Representante Sindical de las Camareras.

Estas ciudadanas venezolanas, junto a sus compañeras y miembros del personal médico y obrero, ejercían su derecho constitucional a protestar y reclamar sus derechos como trabajadoras. Por esto fueron golpeadas, rociadas con gas paralizante por el Fiscal 35, según denuncian sus compañeras y sacada una de ellas a rastras, esposada, por denunciar las insuficiencias de la remodelación de la Maternidad. A consecuencia de esta violencia Laura Vaamonde debió ser hospitalizada en una céntrica clínica de la ciudad, ya que por las condiciones insalubres del sitio en donde estuvo recluida, sufrió serias alteraciones respiratorias y cardiovasculares.

Repudiamos, el silencio cómplice de las mujeres que ejercen la jefatura del Distrito Metropolitano de Caracas y la Fiscalía General de la República, y por ende jefas de los agresores. Igualmente de la Directora de la Maternidad acusada de haber solicitado la intervención policial, de la Ministra de la Mujer, la Defensora de la Mujer y la Defensora del Pueblo..

Repudiamos, que a consecuencia de estos eventos las agredidas hayan pasado a ser consideradas agresoras. Otra forma de violencia: someterlas a un juicio absolutamente ilegal, a una libertad condicionada y, particularmente, que se repriman los derechos sindicales de la Sra. Vaamonde, y así, de todos y todas las trabajadoras que la eligieron como directiva de su gremio, al impedírsele acercarse a la Maternidad Concepción Palacios. En palabras de la Sra. Vaamonde, «Me prohibieron denunciar pero no me van a callar».
Exigimos, libertad plena para las tres compañeras agredidas y un cese inmediato de la criminalización de la protesta en Venezuela porque ésta es una violación a nuestros derechos fundamentales y constitucionales, tal como se expresa en el Art. 68 de la Constitución Bolivariana de Venezuela
Apoyamos, la denuncia presentada por INMEMUJER ante la Organización de Estados Americanos y su ente encargado de la defensa y protección de los derechos humanos, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, para que se tomen todas las medidas pertinentes ante los organismos del Estado venezolano responsables de las violaciones señaladas, a fin de proteger a las mujeres violentadas y para que se garantice su derecho a continuar en sus funciones gremiales y laborales.



Dado en Caracas, a los 2 días del mes de junio de 2010.


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